¿Qué justicia para qué territorio? Megaproyectos y derecho indígena en el sur de México

Por Israel Herrera
Categorías: Territorio · Derechos Humanos · Opinión
Fecha: Mayo 2025

“No pedimos permiso para existir, exigimos respeto para seguir viviendo en nuestra tierra.”
— Testimonio de una mujer maya ante la construcción de un parque eólico

Introducción

El sur de México ha sido testigo, en los últimos años, de una creciente ola de megaproyectos promovidos bajo la lógica del “desarrollo sostenible” y la transición energética. Sin embargo, estos discursos se enfrentan con las realidades complejas de los pueblos indígenas, quienes no solo habitan esos territorios, sino que también los habitan desde otras formas de comprensión del mundo, del tiempo, de la justicia.

El territorio no es solo suelo

En el imaginario jurídico occidental, el territorio suele ser visto como un recurso delimitado y susceptible de ser explotado, parcelado o monetizado. Pero en la cosmovisión indígena, el territorio no es una cosa: es cuerpo, es historia, es lengua, es memoria.

Cuando un megaproyecto se instala —una vía férrea, una central eólica, una mina o un gasoducto— lo que está en juego no es únicamente el uso del suelo, sino el tejido vital de comunidades enteras. La pregunta, entonces, no puede reducirse a “¿cuánto se paga por la tierra?”, sino que debe partir de “¿a quién pertenece la decisión de transformar el territorio?”

El derecho como campo de disputa

A pesar de que México ha suscrito convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT y ha reconocido el derecho a la consulta previa, libre e informada (CPLI), en la práctica estos mecanismos se han convertido en instrumentos vacíos o, peor aún, simulaciones de participación.

La CPLI, lejos de ser un verdadero ejercicio de autodeterminación, se ha usado en múltiples ocasiones para legitimar decisiones ya tomadas. Esto convierte al derecho en una herramienta que se pliega al extractivismo, en lugar de proteger la diversidad cultural y territorial.

Resistencias jurídicas y comunitarias

Frente a esta situación, diversas comunidades mayas, zapotecas y otras en el sur del país han comenzado a articular resistencias jurídicas, usando amparos, denuncias ante organismos internacionales, y sobre todo, prácticas comunitarias de defensa del territorio.

Estas resistencias no solo son reacciones al despojo. Son también formas de reconstruir el derecho desde abajo, de disputar su sentido y de proponer otras formas de justicia, más cercanas a lo comunitario, al cuidado, al equilibrio.

Conclusión

Preguntarnos “¿qué justicia para qué territorio?” implica descentrar la visión estatal del derecho y abrirnos a otras formas de entender lo justo. En un país donde los megaproyectos avanzan con el respaldo del poder político, recordar que el territorio también tiene voz, historia y derechos es más urgente que nunca.